Primera escena: el derecho a la tierra como campo de disputa

Como destacamos en nuestra lectura de los antecedentes historiográficos, el intervencionismo estatal que caracterizó la primera época del gobierno iniciado en 1943, tuvo un énfasis especialmente dirigido hacia las políticas agrarias y la estructura productiva del campo argentino. Buscando trascender ciertas miradas dicotómicas sobre las políticas peronistas, rastrearemos los modos singulares en que dicho intervencionismo resonó en la diversidad de experiencias subjetivas que componían el escenario rural. Para ello analizaremos el carácter específico en que los sujetos de a pie construyen, desde sus prácticas de escritura, la escenografía rural de la que son parte y significan allí los límites de su incorporación (o no) al campo agropecuario.

Resulta preciso mencionar que desde 1944 el tratamiento de la cuestión agraria en el discurso peronista retomó la propuesta de una reforma que tocaba en sus pronunciamientos aspectos centrales del imaginario que históricamente ordenó una idea de “campo argentino”.⁸ En 1945, un comunicado de la Sociedad Rural Argentina (SRA) exponía un punto neurálgico de esa estructura que Perón conmovía con su discurso al denunciar que “en nuestro país lo más atacado en este orden de cosas ha sido la propiedad rural”.⁹ El pronunciamiento de la SRA muestra en qué medida la cuestión agraria enunciada por el peronismo desestabilizaba, para un actor central del sector agropecuario, su concepción del modelo agroexportador. Las medidas anunciadas por Perón discutían la propiedad de la tierra y, más aún, quiénes serían considerados sujetos legítimos para exigir derecho sobre ésta. Así, desarticulaban los fundamentos tradicionales del “campo argentino” y abrían su campo de significación para múltiples interpretaciones.

En 1946, un poblador de Jáchal, San Juan, interpelaba al gobierno peronista sobre las medidas a través de las cuales haría concreta las iniciativas formuladas,

En mi condición de soldado de la causa que V.E., con tanto amor y patriotismo, ha encarado para dar a su pueblo, una nueva política-social, que reafirme paladinamente que el trabajo y la riqueza no son patrimonios ni privilegios de nadie, sino derechos incuestionables que corresponden a todo ciudadano, en proporción al esfuerzo y capacidad de cada uno.

[…] Ahondando el tema, el Gobierno debe establecer centros de producción, para esto, expropiaría como lo tiene declarado, todas las tierras aptas para el cultivo agrícola y las que no estuvieran ponerlas en condiciones, mediante riego y otros procedimientos; haciéndolas trabajar por un ejército de trabajadores a sueldo, dirigidos por el Estado y con personal técnico capacitado, hasta tanto empiecen a producir, para convertirse después en propietarios, de un predio de la primera riqueza argentina.

Con esta primera medida de gobierno, se combatiría la especulación y el monopolio, por una mayor producción dirigida por el Estado, […] se llegaría al parcelamiento de las tierras y se formarían nuevos núcleos rurales de trabajo y por último, se cumpliría el principio de que la tierra debe estar en poder del que la trabaja y no del poder del que usufructa de ella, en base del esfuerzo y sacrificio de los demás (AGN. Legajo 598).¹⁰

El remitente describe el escenario rural, tomando la gramática de la planificación agraria del peronismo en un gesto de interpelación política, en el cual la presencia estatal se torna condición de posibilidad de los principios por el gobierno promovidos. Desde el lenguaje peronista re-apropiado por el sujeto, el trabajo y la riqueza ya no son patrimonios (privados) ni privilegios (de renta) sino que están condicionados al esfuerzo y la capacidad de producción de cada ciudadano. El escribiente construye su enunciado delineando los puntos nodales sobre los que se ordena la relación con la tierra y las condiciones del trabajo rural en la estructura hegemónica, al tiempo que desplaza su sentido mediante la inversión de su contenido.

Allí, los valores de la reforma agraria promulgada son tomados en cuenta por un sujeto que expone la carencia de tierras para el trabajo como signo del daño que genera la especulación y el monopolio que hacen de ella patrimonio y privilegio de algunos y no derechos de todos. En la misiva, la reapropiación de la palabra de Perón habilita a exigir cierta intervención del Estado para saldar una situación injusta, caracterizada por una desigual distribución del recurso productivo.

En la posición enunciativa se circunscribe el sentido del daño y se desliza su reparación hacia el derecho a contar con una parte de la “primera riqueza argentina”, para lo cual la injerencia del Estado se vuelve necesaria. Dicha intromisión requería la implementación de una nueva configuración social, una reforma agraria que vulnerase la distribución vigente de la propiedad para otorgarla a quienes se consideraban merecedores de ésta, en proporción a la fuerza de trabajo. En su escritura, el remitente tensiona los sentidos disponibles del imaginario rural y demanda un otro parcelamiento de la tierra. Éste cuestiona los fundamentos y principios que configuran la distribución establecida del bien, partiendo el escenario rural en dos.

El peronismo conmovió los fundamentos de la estructura agraria a partir de sus políticas y reformas al trastocar los sentidos sedimentados que estructuraron la ruralidad bajo el significante del granero universal como metáfora fundante del modelo agroexportador. Al hacerlo, generó una partición del escenario rural y abrió a reinterpretaciones como las precedentes, no sin exacerbar la tensión entre las partes integrantes de dicho contexto. Partes que, a partir de las propuestas oficialistas, comenzaron a percibirse como diferencias irreconciliables en función de los intereses en pugna.

En esta línea y casi como contrapunto de este argumento, un remitente que firma como “el ciudadano anónimo”, envía a la presidencia en 1946 un extenso estudio sobre “el problema de la tierra” y las dificultades que traería la reforma agraria propuesta por el gobierno. Allí expresa lo siguiente:

Ante estos hechos que son la verdadera realidad sin espejismos es evidente que la causa real de la despoblación es la falta de estímulo, precios ó de compensación, y entonces la reforma agraria no es un problema candente porque sobran tierras y faltan brazos y la subdivisión de la tierra no es una necesidad urgente del momento.

Es que el problema del latifundio lo estamos magnificando de una manera tal, que ha creado artificialmente una animosidad imperdonable entre propietarios y trabajadores, animosidad que no ha existido antes.

[...] Ya nadie explota a nadie, si es el trabajador ambulante, el que vá de estancia en estancia hasta aproximarse la época de las cosechas, hace unos pesos y el mismo luego le dice “me voy al pueblo” viviendo de boliche en boliche hasta que se le terminan los centavos.

[...] las bases esenciales de nuestro progreso será trabajar, producir poblar, ahorrar porque son los únicos términos de la ecuación de nuestra futura prosperidad.- Aunque no basta querer trabajar, es necesario poder trabajar y se puede trabajar cuando hay orden, tranquilidad, libertas (sic), confianza.

[...] Ni la ingerencia del Estado (sic) en la propiedad privada ni la aplicación del concepto ingles del ausentismo ingles so pretexto de arraigar a la familia [...] encaremos el problema con espíritu de CREACIÓN, no de IMITACIÓN [...] porque mientras la doctrina social cristiana admite la propiedad hasta ahí no más, ya que admite la ingerencia del Estado en “parte” que es admitirla en “todo”, nuestra Constitución la ampara porque la considera y la hace inviolable (AGN. Legajo 598).

Lo que nos transmite la escritura de esta carta concierne a la tensión que producía la injerencia del Estado en los asuntos del campo. Para el remitente anónimo, el problema agrario en Argentina no se ubicaría en torno a la tenencia de la tierra. En cambio, en su movimiento retórico, el sujeto subvierte la valencia otorgada al trabajador rural que daría sustento a la repartición de la tierra desde el discurso político oficial, en la medida en que exhorta e interroga en lo siguiente: “sobrando la tierra y faltando brazos, [¿] qué tiene que ver el problema de la tierra?”. En un gesto que apunta a deslegitimar el sentido de la reforma agraria y a desactivar la urgencia de la subdivisión de la tierra, el remitente desplaza el problema de la producción en el campo (y la causa real del despoblamiento) hacia la ausencia de “estímulo, precios o compensaciones” que genera la injerencia del Estado. Pues donde debería haber “libertad” que da “confianza”, “tranquilidad” y “orden” —bases del progreso agrario y la prosperidad rural—, la intervención estatal parece generar mayores inconvenientes y conflictividades que los que se propone resolver, creando artificialmente “una animosidad imperdonable entre propietarios y trabajadores, animosidad que no ha existido antes”.

La construcción de la carta expone no sólo las incomodidades que genera, para ciertos sectores del escenario rural, la presencia del Estado en la cuestión agraria, sino que en su mismo acto de enunciación también deslegitima la necesidad de un otro reparto de aquello considerado “inviolable” por los marcos vigentes. Esa “animosidad imperdonable” está exponiendo el desfasaje entre el campo productivo agroexportador y la ruralidad como un escenario múltiple y heterogéneo en sus márgenes, que desborda y se desborda a partir de la interpelación oficial.

De esta manera, las posiciones enunciativas delineadas en la publicación de la SRA y las dos cartas citadas, nos muestran algunos efectos de interpelación política que el discurso oficial sobre la problemática del agro estaba generando en distintos sujetos del ámbito rural. La valoración del trabajador que realizaba el peronismo consolidaba la connotación productiva del campo argentino. No obstante, el sentido de la tenencia de la tierra se había desoldado de su “incuestionable fundamento” en el imaginario rural. En ese marco, el pedido de injerencia del Estado que, para algunos, “reafirme paladinamente que el trabajo y la riqueza” son derechos incuestionables, para otros, había “creado artificialmente una animosidad imperdonable” por medio de políticas agrarias que “constituyen un desconocimiento no total, pero sí bastante grave del derecho de propiedad”.

Lo que está en juego concierne a partes desarticuladas de la hegemonía agroexportadora, que demandan su integración al imaginario del campo y ser consideradas en la distribución de sus riquezas y beneficios. Aun si el ideal de granero del mundo no había sido conmovido como fundamento de la economía nacional,¹¹ la disputa por los sujetos allí contados, los márgenes de su territorialización y las posibilidades del acceso a la tierra, sí fueron cuestionados con la interpelación del discurso peronista en escenarios rurales y provinciales dispersos. En este sentido, lo que aquí nos interesa señalar no refiere sólo al litigio por intereses sobre el campo entre actores (propietarios y trabajadores) de la ruralidad. Más bien sugerimos que el lenguaje de derechos que desplegó el peronismo se encarnó en singulares interpelaciones políticas que hicieron del sentido del campo un espacio de significaciones en exceso respecto de la hegemonía agroexportadora que lo estructuraba.

Posteriormente señalaremos cómo aquella torsión en el imaginario político rural abría un impasse en la hegemonía agraria, con efectos incontrolados en el pronunciamiento de múltiples demandas articuladas a un otro reparto de lo sensible (infraestructura ferroviaria, caminos, obras de agua, plantas de industrialización de la producción, entre otras). A su vez, estas demandas, hasta ese momento marginales de la escena política nacional, configuraron procesos subjetivos con resonancias persistentes aun después de modificadas las coordenadas de la posición oficial hacia fines de la década de los cuarenta.

Segunda escena: el interior provincial, un lugar de olvido

El 3 de diciembre de 1951, Perón realizó un llamado invitando a pobladores de diferentes territorios a enviar sugerencias para la elaboración del Segundo Plan Quinquenal. Esta convocatoria abierta se constituyó en un nuevo gesto interpelante para reapropiaciones singulares y polisémicas del discurso peronista, generando, a nivel subjetivo, efectos beligerantes. En dichas solicitudes, el reclamo desde las posiciones de los trabajadores de los medios rurales no sólo se esgrimió en torno de dicha condición, sino que además se re-articuló a otras marcas de experiencias de daño.

Enterado de Vtro. discurso de fecha 4 del corriente con respecto Vtro. segundo plan quinquenal, y al llamado que hacéis excelentísimo a todo el Pueblo argentino que fue olvidado por Gobiernos anteriores, nos presentamos como miembros de la SOCIEDAD AGRÍCOLA-GANADERA SALADINA del Departamento FIGUEROA Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO con personería jurídica que agrupa a más de 400 agricultores pequeños quienes fuimos olvidados en gobiernos anteriores y los dos gobiernos provinciales que presidieron en Vtra. Primera Presidencia quienes hicieron oídos sordos al clamor del pueblo trabajador y sufrido de nuestras campiñas.

Hoy confiamos y creemos será una realidad, cuando voz (sic) Excelentísimo Sr. lo prometéis. El clamor del pueblo Peronista es el que se dirige a su Líder y sabe que no lo defraudará en el pedido que reclama por considerar que se trata de un Departamento inmensamente rico en la Provincia que llegó en sus primeras épocas a ser el granero Santiagueño. Sr. Presidente nuestro Departamento esta cruzado de un estrecho a otro por las aguas del Rio Salado con grandes bañados siendo sus principales siembras ALFALFARES que de ellos se saca la mejor semilla del país y sus ALGODONEROS que son considerados los de mejor fibra y de una producción de 300 kilos por hectárea término medio (sic) pero tropezamos en la venta por las grandes distancias que hay que realizar por la falta de movilidad y eso encarece nuestro producto no pudiendo competir con ningún otro y a este respecto solicitamos que Ud. Sr. Presidente tiene en sus manos la obra salvadora de más de 200 agricultores de los departamentos FIGUEROA, MATARÁ, ALBERDI y COPO hasta los límites de la Prov. de Salta [...] (AGN. Legajo 032).

Las marcas de enunciación de los remitentes de la carta resultan interesantes si consideramos las categorías propuestas para analizar los efectos de la lógica populista a nivel subjetivo y situado. En este caso ya no se trata tanto (o no centralmente) de un campo dividido por la diferencia generada entre trabajadores sin tierras y terratenientes. En cambio, la tensión se instala de manera más enfática en torno a la distancia que separa a un sector rural la sociedad de agricultores del interior provincial de Santiago del Estero del resto del campo agropecuario, principalmente en sus posibilidades de integrarse al circuito de producción. Separación o distancia entre ambas, que se nombra bajo la forma de dos figuras: aquella que genera la falta de movilidad para el traslado y comercialización de los productos agropecuarios; y aquella generada por la indiferencia y “olvido” de los gobiernos provinciales y nacionales previos a la llegada del peronismo. Aquí, la marca de la experiencia rural se re-articula con la huella del daño que trazó el “olvido” hacia aquellas zonas del interior provincial.

La provincianía como marca identitaria, preexistente, se constituye en la superficie sobre la que se producirán los efectos re-articulatorios del discurso peronista, generando nuevas relaciones de sentido:

En resumen querido lider esperamos que en este segundo plan Quinquenal será todo una realidad para este desdichado Departamento que como dice Ud. a sido hasta ahora un entenado de la provincia porque que ante todo nosotros no tenemos más lider que Ud. y nuestra madre adoptiva Vtra. digna Sra. Eva Perón. [...] (AGN. Legajo 032).

La ubicación geográfica se convierte también en materia de reconocimiento desde el momento en que se nombra como un hijo adoptivo de la familia nacional. Dicho carácter lo ubica, en palabras de Perón, en un nuevo lugar en relación con los derechos que le corresponden y de los que ha sido privado. La política peronista, en su promulgación de nuevos derechos, como lo fue la ley que daba al hijo natural o “entenado” idéntico reconocimiento del que gozaban los hijos legítimos, sirvió de plataforma discursiva para significar otra serie de situaciones vividas como injustas. De allí que tal sintagma se desplazó y replicó, no sólo en lo atinente a los asuntos de familia, sino incluso en relación con el reconocimiento que exigían otros sectores sociales de la población argentina, como habitantes “del interior” del país, en este caso, para ser considerados dentro de la comunidad política y económica argentina.

Al tomar la palabra y los sentidos del discurso político, el remitente profundiza una tensión o división interna que se manifiesta en el sujeto desde un doble aspecto: por un lado, entre un pasado de abandono y desamparo estatal respecto del tiempo presente de escucha y realizaciones. En la actualidad de la argentina peronista se confía y se cree que el pedido largamente postergado será una realidad. Por otro lado, y en relación con lo anterior, se tensiona la distribución que adquieren las prerrogativas de las diferentes partes geográficas y coordenadas espaciales que componen el campo agropecuario, siendo la demanda de esta sociedad agrícola-ganadera del interior santiagueño, no sólo válida sino además prioritaria en su atención. El llamado a escuchar el reclamo de los agricultores organizados desde las periferias provinciales, se erige desplazando el daño de la condición rural a la marca provincial, y trazando allí nuevas fronteras de confrontación: el de un pueblo que, en carácter de “granero santiagueño”, inscribe su pedido en el orden de la economía nacional. Allí, la tensión interna, más que trazar un antes y un después, establece nuevas fronteras espaciales que redefinen los intercambios. Así, su condición particular como sector aislado y excluido del resto, se reincorpora e incluye a partir de disputar su lugar en el orden de la producción y la generación de la riqueza: “se trata de un Departamento inmensamente rico en la Provincia que llegó en sus primeras épocas a ser el granero Santiagueño”. El cumplimiento del pedido toma la forma, entonces, de una reparación justa y su incumplimiento una falta por parte del gobierno justicialista.¹²

De esta manera, si la marca territorial coloca al poblador rural en un lugar de olvido y aislamiento, a través del lenguaje peronista éste se sale de aquella ubicación asignada previamente para colocarse en un plano diferente que lo convierte en sujeto legítimo y reconocido. Reconocimiento que les otorga no solo la posibilidad de tomar la palabra, sino también de sentirse escuchado. En este sitio de conflictividad social y daño, los sentidos del discurso peronista intervienen sobre aquella preexistente escisión identitaria del sujeto provincial: aquella que se nombra como siendo una porción de lo social alejada, olvidada, subsumida.

Ahora bien, si la lógica populista reactualiza tal división interna preexistente en lo social en torno a quiénes serán o no considerados seres legítimos y audibles, también permite un nuevo tratamiento entre la parte y el todo que constituyen lo social. En este desnivel interviene el proceso re-articulatorio. Este proceso se constituye en una modulación singular de quien asume la palabra desde sentidos disponibles y en ese ejercicio de citación hace algo más, el carácter excesivo que adquieren sus efectos a nivel de la recepción activa o “desde abajo”.

De allí la pretensión y el horizonte que sostiene una cadena de demandas: tramos ferroviarios, diques y canales de contención, escuelas, “equipos mecanizados para agricultores pobres”.¹³ En definitiva, un desplazamiento ilimitado respecto de aquello que percibe como legítimo exigir en función de su lugar en el ordenamiento agropecuario nacional. La toma de la palabra de los líderes del movimiento político “desde abajo” o a nivel subjetivo, realiza no sólo en contenido sino también en forma la lógica populista: nombra el daño, pero además, en ese mismo acto, tensiona la relación entre la parte y el todo (Barros 2013). La nominación del daño no sólo provoca particiones diversas en el interior del campo social, sino que además re-ubica a éste en un nuevo orden de clasificación, destacando su igualdad frente al resto, e incluso exigiendo una escucha privilegiada.

Tercera escena: en defensa de los derechos adquiridos y más allá...

Así como constatamos en la misiva enviada por los agricultores del Departamento Figueroa en Santiago del Estero, el aparente repliegue de la política agraria peronista hacia fines de los años cuarenta no supuso la desaparición de demandas por una mayor presencia del Estado en la consecución de justicia para los trabajadores rurales. Por el contrario, la proliferación de demandas no sólo trascendía una dimensión estrictamente cronológica al persistir aun cuando la intervención estatal ya no era tal, sino que encarnaba un proceso de subjetivación política que exigía el reconocimiento de sus derechos abarcando otras situaciones de injusticia. En diciembre de 1951, en una nota realizada por “colonos agricultores de la zona General Deheza, Gral. Cabrera y Las Perdices”, de la zona sureste de la provincia de Córdoba, se solicitaba que

1. se proyecte una ley que los dueños de campo reciban los harrendamientos /puestos en chacra pagándose la trilla, bolsas, acarreo y flete. 2. Disponer de un inspector o delegación de confianza y disciplinada para hacer cumplir a los terratenientes los Art. 10 y 11 Inc. A y B de la ley N° 13.246 de Harrendamientos aparcería rurales. Por razones que los colonos carecen de estudio, hay aun agricultores que viven en choza o rancho. 3. A todo Art. En general de tienda, ferretería, droguerías zapaterías, almacenes, etc. etc. Se coloquen precios uniformes en todo el país directamente de las industrias al consumidor: a. Prohibir alteración de precios particulares… (AGN. Legajo 072).

Como dejan ver los puntos enumerados en esta misiva, las demandas de estos colonos agricultores eran parte de una relativa estructura que establecía las coordenadas prácticas y simbólicas con que estos trabajadores naturalizaban ciertos escenarios y denunciaban otros. Ya desde principios de siglo, el Partido Socialista (PS) tuvo presencia en las localidades más importantes de la zona pampeana cordobesa, denunciando las exigencias abusivas en la restitución del campo al locador, las malas condiciones de vivienda de los arrendatarios o los abusos en los precios de bienes básicos.¹⁴ Precisamente estas tres demandas fueron tenidas en cuenta durante los años de Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión.¹⁵

Al analizar la misiva, ésta es precisa y escueta. No hay rastros explícitos de una demanda construida a partir de una posible interpelación del discurso peronista o de los sentidos que éste pone a circular. La legitimidad del reclamo no deriva del vínculo entre los “colonos agricultores” y Perón, sino que deviene del propio carácter de agricultores con derechos que se asumen ya reconocidos. Los remitentes ponían en acto un “lenguaje de derechos” (Barros 2014) por el que demandaban una presencia estatal más efectiva, en tanto titulares de una serie de prerrogativas cuya cobertura se había concebido como responsabilidad del Estado. En efecto, el segundo punto de la solicitud mostraba que ya existía cobertura legal del problema de la vivienda de los arrendatarios, pero faltaba “un inspector o delegación de confianza y disciplinada” que intercediera por aquellos que, por ignorancia, no pudiesen defender sus derechos. El tercer ítem mostraba, incluso, un avance en la exigencia de mayor atención estatal sobre el problema de los precios.

La misiva de los colonos de general Deheza es enviada a fines de 1951, en tiempos en que la “vuelta al campo”, y por ende el hipotético repliegue de su dimensión beligerante, ya caracterizaba a la política rural del gobierno peronista. A pesar de ello, los “colonos agricultores” seguían dirigiéndose a Perón para, por una parte, exponer un conflicto rural que estructuraba el orden agroexportador. El discurso peronista funcionaba como marco de sentido para inscribir una demanda que buscaba reparar el daño en un orden rural marcado por la desigualdad entre “dueños de campos” y “colonos [que] carecen de estudio” en la definición de los términos del intercambio. Estos colonos reclamaban la injerencia del Estado como garantía de una resolución justa del conflicto en el territorio al equilibrar la relación de fuerzas y asegurar la aplicación de la legislación existente.

Por otra parte, la nota enviada por los “colonos agricultores” de general Deheza continuaba inscribiendo nuevos reclamos y al hacerlo se excedían con respecto a la propuesta del gobierno peronista. Los redactores de la misiva tomaban la palabra asumiendo la reconfiguración comunitaria que habilitó el peronismo: esto es, que la intervención estatal proporciona justicia en situaciones que carecen de ella, asegurando por ejemplo la defensa del colono inculto. No obstante, hay otros ámbitos en que el daño se explicita en términos colectivos, como en la alteración de precios que provoca la explotación y pauperización de los productores, así como la falta de bienes de primera necesidad. Allí, la demanda por uniformidad en los precios a nivel nacional pone en acto la justicia incondicionada que estructuraba el discurso peronista, sin solicitar una atención particular, sino la intervención generalizada para subvertir la relación desigual del campo argentino (Groppo 2009).

El matiz populista de la articulación se encarna en el gesto crítico con el que estos colonos se arrogaban una igualdad para incidir en la distribución de prerrogativas dentro de la sociedad, como la definición de precios en el comercio de los recursos necesarios para la vida y el trabajo local. Si contrastamos esta carta con la enviada desde San Juan un lustro antes, no sólo podemos constatar los efectos disruptivos abiertos desde la polisemia del discurso oficial al nivel de las escenas rurales y provinciales que hemos analizado, sino también la persistencia de un gesto excesivo que expande los contornos de la intervención estatal.